En la sesión del 10 de setiembre de 1816, se encontró inconvenientes en el cumplimiento de la comisión dada a Joaquín de la Quintana, Juan Antonio Fernández y José Ramón de Loayza, para recuperar “los intereses sustraídos al Estado en algunos pueblos del interior”. Se resolvió que los comisionados no obrasen separadamente, sino que, reunidos, formaran un tribunal, que contaría con un asesor y un fiscal, para proceder conforme al derecho.
Luego, se leyeron documentos relativos a la “desagradable ocurrencia” de la ciudad de Córdoba. Allí, el capitán de milicia cívica, don Juan Pablo Bulnes, los días 5 y 21 de agosto, se había apoderado de armas y tropas, “con el designio de auxiliar a los vecinos del pueblo de Santa Fe”.
La Legislatura había intimado a Bulnes a cesar en su empeño. Debatido el asunto, se acordó ordenar que el gobernador José Javier Díaz que (sin perjuicio de lo que resolviese luego el Director) informara a los diputados que su resolución había merecido la aprobación del cuerpo, por estar dirigida “a sostener el orden y el reconocimiento a las autoridades”.
El Congreso también tomó conocimiento del acta que registraba la decisión de la ciudad de Jujuy, tomada el 16 de agosto. En ella constaba que se había jurado “el sostén de la Independencia del país” y, con ese motivo, fueron indultados los presos alojados en la cárcel. Esto con excepción del “reo criminal Lorenzo Santos”, cuya suerte quedaba librada a la resolución del Congreso. El cuerpo resolvió pedir al Cabildo jujeño un informe “sobre la naturaleza del delito” de Santos y las “circunstancias que lo agravan”.